Del "vuelva usted mañana" al "con la Administración, una sola vez y de una vez". Es el mantra con el que la Junta sigue poniendo en valor el Plan Andalucía Simplifica que aprobó hace una semana y que permitirá, a través de la modificación de numerosas normas, "agilizar" los trámites tanto para el ciudadano como para las empresas. Una estrategia que, además, incluirá la creación de unidades de apoyo para aquellos servicios de la Junta que estén más sobrecargados de trabajo.
Así lo ha dado a conocer este martes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que estas unidades serán temporales y estarán formadas por funcionarios para agilizar los servicios con más volumen de trabajo por alguna circunstancia, ya sea por una necesidad puntual, un incremento de trabajo o por acumulación de expedientes, como por ejemplo, tramitar resoluciones de ayudas convocadas o sacar adelante expedientes atrasados en servicios donde se han detectado problemas, como recientemente ha ocurrido con la gestión del Bono Alquiler Joven.
Además, se modificarán procedimientos y se reorganizará el personal, con el fin de que cuando apliquen el nuevo sistema de trabajo puedan empezar "con el contador a cero" y no con retrasos acumulados. El objetivo, en definitiva, es dar un salto que convierta a Andalucía en la comunidad autónoma "con menos burocracia, donde la Administración pública no bloquee, sino que acompañe a los ciudadanos para facilitarles la vida y a las empresas para que apuesten por invertir en ella y crear empleo y riqueza".
Otras actuaciones
El decreto también prevé simplificar las relaciones entre la Junta y las administraciones locales, según ha expuesto Nieto. Para ello, se eliminan trámites intermedios de forma que los ayuntamientos tengan como interlocutores a las delegaciones territoriales con las competencias correspondientes sobre cada asunto, sin necesidad de tener que pasar antes necesariamente por la Delegación del Gobierno de la Junta o la de la Consejería de Administración Local.
También en los trámites entre el Ejecutivo autonómico y las entidades locales se eliminará burocracia, se recortarán plazos y se desarrollará normativa más clara con requisitos a cumplir para evitar interpretaciones dispares.
La norma también reduce los trámites y plazos para la creación, modificación e inscripción de entidades de la sociedad civil, como las fundaciones y colegios profesionales, cuyos respectivos registro gestiona la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Por ejemplo, en el caso de las fundaciones no será necesario acreditar que se acepta ser patrono mediante la firma manuscrita ante notario sino que bastará la firma electrónica.
En cuanto a los colegios profesionales, se recortan a la mitad los plazos para resolver su inscripción (de cuatro a dos meses) y se facilita la creación de nuevos colegios por segregación de colectivos integrados junto a otros de forma obsoleta (como los pedagogos en el colegio de licenciados en Filosofía y Letras); o de profesionales cuya actividad está regulada, aunque no cuenten con una titulación universitaria para su ejercicio, como los detectives privados.
Igualmente, las víctimas del terrorismo van a tener mucho más fácil y ágil el acceso a las indemnizaciones que entrega la Consejería de Justicia, ya que hasta ahora era necesario dos resoluciones sucesivas que se unifican en una sola.
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